La aplicación del European Accessibility Act (EAA) (conocida en español como Directiva Europea de Accesibilidad y también buscada habitualmente como Ley Europea de Accesibilidad) en España entra en una nueva etapa. El Defensor del Pueblo ha requerido a cinco comunidades autónomas —Generalitat de Cataluña, Generalitat Valenciana, Gobierno de Aragón, Principado de Asturias y Xunta de Galicia— información sobre la designación de sus autoridades responsables de vigilancia de la accesibilidad de productos y servicios.

¿Por qué es importante? Porque la Ley 11/2023, de 8 de mayo, que transpone a España la Directiva Europea de Accesibilidad (UE) 2019/882, establece que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deben determinar, dentro de sus competencias, qué autoridades vigilarán el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad.

Ya no hablamos únicamente de recomendaciones sobre accesibilidad. Hablamos de vigilancia del mercado, comprobación de conformidad, reclamaciones, medidas correctoras y régimen sancionador.

¿Qué está ocurriendo con las comunidades autónomas?

Según la información difundida sobre las actuaciones del Defensor del Pueblo, algunas comunidades todavía no habían completado la designación de estas autoridades.

La Generalitat Valenciana ha atribuido el retraso a la complejidad de las funciones previstas por la normativa y a la necesidad de articularlas entre diferentes departamentos.

El Principado de Asturias, por su parte, ha manifestado que considera que la Administración autonómica no tiene competencia en esta materia.

La cuestión es especialmente relevante porque el artículo 27 de la Ley 11/2023 establece que corresponde a las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla determinar sus autoridades de vigilancia dentro del ámbito de sus competencias. Estas autoridades son las responsables de comprobar los requisitos de accesibilidad y adoptar las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.

¿Qué es la UTAC de Accesibilidad?

La UTAC es la Unidad Técnica de Apoyo y Coordinación de las Autoridades de Vigilancia en materia de requisitos de Accesibilidad.

Está vinculada orgánicamente a la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad y fue creada mediante el Real Decreto 143/2026, de 25 de febrero, que entró en vigor el 28 de febrero de 2026.

Su función es esencial para la aplicación del European Accessibility Act en España.

Entre otras tareas, la UTAC:

• presta apoyo técnico a las autoridades de vigilancia;

• coordina determinadas comunicaciones con la Unión Europea;

• actúa como punto de contacto para ciudadanía y operadores económicos;

• facilita la recepción de denuncias y reclamaciones por incumplimiento de los requisitos de accesibilidad;

• y puede ejercer como autoridad de vigilancia en aquellos ámbitos en los que no se haya designado una autoridad.

Este último punto es especialmente importante: la falta de designación autonómica no significa necesariamente ausencia total de vigilancia.

¿Qué productos deben cumplir requisitos de accesibilidad?

La Ley 11/2023 incluye, entre otros:

• equipos informáticos de uso general y sistemas operativos;

• terminales de pago o datafonos;

• cajeros automáticos;

• máquinas expendedoras de billetes;

• máquinas de facturación;

• terminales interactivos de información;

• sistemas de gestión de turnos;

• determinados terminales de comunicaciones;

• y lectores electrónicos.

¿Qué servicios están afectados por la Ley 11/2023?

El ámbito es muy amplio e incluye determinados:

• servicios bancarios para consumidores;

• servicios de comercio electrónico;

• libros electrónicos;

• servicios de comunicaciones electrónicas;

• servicios de acceso a comunicación audiovisual;

• webs, aplicaciones y billetes electrónicos de determinados servicios de transporte;

• webs y apps relacionadas con servicios de suministro eléctrico, agua y gas;

• webs y apps de agencias de viajes y turoperadores;

• y redes sociales.

Por tanto, la accesibilidad digital de páginas web, aplicaciones móviles, plataformas de comercio electrónico, procesos de compra, servicios bancarios y otros canales digitales puede formar parte directa del cumplimiento normativo.

BBL Accesibilidad: accesibilidad digital, lenguaje claro y longevidad

En BBLAccesibilidad.eu trabajamos para que la accesibilidad no se interprete únicamente como una obligación técnica, sino como una condición necesaria para que todas las personas puedan utilizar productos, servicios e información con autonomía.

Nuestra especialización integra accesibilidad digital, accesibilidad web, lenguaje claro, comunicación accesible, inclusión digital, inteligencia artificial responsable, longevidad y lucha contra el edadismo digital.

Analizamos y ayudamos a mejorar páginas web, contenidos, documentos, comunicaciones y experiencias digitales, prestando especial atención a las barreras que afectan tanto a las personas con discapacidad como a las personas mayores.

Este último aspecto es fundamental. Una interfaz puede cumplir determinados criterios técnicos y continuar siendo difícil de utilizar por su lenguaje, complejidad, procesos innecesariamente largos, instrucciones ambiguas o decisiones de diseño que excluyen a personas con menor experiencia digital.

Por eso en BBL Accesibilidad defendemos una visión más amplia:

accesibilidad técnica + lenguaje claro + diseño comprensible + autonomía digital + diseño para todas las edades.

La accesibilidad debe anticiparse al problema, no empezar cuando llega una reclamación.

Además, la propia Ley 11/2023 incorpora expresamente el lenguaje claro en diferentes obligaciones de información. Por ejemplo, establece que determinadas instrucciones e información de los productos deben ser pertinentes, localizables, perceptibles y comprensibles.

¿Qué significa esta nueva fase para las empresas?

Las empresas afectadas por el European Accessibility Act deberían poder demostrar que han analizado la accesibilidad de sus productos y servicios y que disponen de procesos para mantener su conformidad.

La Ley 11/2023 atribuye a los propios agentes económicos responsabilidades sobre la evaluación de la conformidad y permite a las autoridades solicitar la información y documentación correspondiente.

Esperar a recibir una reclamación ya no es una estrategia razonable.

Revisar preventivamente la accesibilidad web, las aplicaciones, los procesos digitales, la información al consumidor y el lenguaje utilizado reduce riesgos y, al mismo tiempo, mejora la experiencia de millones de usuarios.

Preguntas frecuentes sobre el European Accessibility Act, la Ley 11/2023 y la UTAC

¿Qué es el European Accessibility Act?

El European Accessibility Act o EAA es la Directiva (UE) 2019/882, que establece requisitos comunes de accesibilidad para determinados productos y servicios dentro de la Unión Europea. En España fue transpuesta principalmente mediante la Ley 11/2023.

¿Qué ley regula el European Accessibility Act en España?

La principal norma española es la Ley 11/2023, de 8 de mayo, cuyo Título I regula los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios incluidos en su ámbito de aplicación.

¿Quién controla el cumplimiento de la Ley 11/2023?

La Ley establece un sistema de autoridades de vigilancia, que deben ser determinadas por las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla dentro del ámbito de sus competencias. La UTAC ejerce funciones de apoyo, coordinación y determinadas funciones de vigilancia.

¿Qué es la UTAC?

La UTAC es la Unidad Técnica de Apoyo y Coordinación de las Autoridades de Vigilancia en materia de requisitos de Accesibilidad. Apoya a las autoridades, coordina actuaciones y funciona como punto de contacto relacionado con la aplicación de los requisitos de accesibilidad.

¿Se puede denunciar un producto o servicio que no sea accesible?

Sí. La normativa contempla mecanismos para presentar denuncias y reclamaciones por incumplimientos de los requisitos de accesibilidad, y la UTAC facilita su recepción.

¿Las páginas web y las aplicaciones están afectadas por el European Accessibility Act?

Sí, en determinados sectores y servicios incluidos en la Ley 11/2023. Entre ellos se encuentran comercio electrónico, servicios bancarios, determinados transportes, agencias de viajes y servicios de suministro, entre otros.

¿Una empresa debería revisar ya su accesibilidad digital?

Sí. Cuando sus productos o servicios se encuentran dentro del ámbito de la Ley 11/2023, la empresa debe analizar qué requisitos le son aplicables y disponer de evidencias de conformidad. La accesibilidad debería gestionarse de forma preventiva y continuada.

¿Qué hace BBL Accesibilidad?

BBLAccesibilidad.eu está especializada en accesibilidad digital, accesibilidad web, comunicación accesible, lenguaje claro, longevidad, inclusión digital y lucha contra el edadismo digital. Ayudamos a identificar y reducir las barreras que dificultan el acceso autónomo a webs, documentos, contenidos, comunicaciones y servicios digitales.

¿Qué relación existe entre accesibilidad y personas mayores?

La accesibilidad beneficia también a las personas mayores. Problemas como textos difíciles de entender, tipografías inadecuadas, bajo contraste, navegación confusa, procesos digitales complejos o instrucciones poco claras pueden generar exclusión y dependencia. Diseñar para todas las edades contribuye a una mayor autonomía digital.

La accesibilidad ha entrado en la etapa del cumplimiento

La actuación del Defensor del Pueblo pone de manifiesto una transformación importante: España está construyendo el sistema efectivo de vigilancia de la accesibilidad previsto por la Ley 11/2023.

Para empresas y administraciones, la pregunta ya no debería ser solamente «¿mi web parece accesible?», sino:

¿puedo demostrar que mis productos, servicios, contenidos y procesos cumplen los requisitos de accesibilidad que me corresponden?

En BBL Accesibilidad seguiremos analizando la Ley 11/2023, European Accessibility Act, UTAC, autoridades de vigilancia, accesibilidad digital, lenguaje claro, derechos de las personas con discapacidad, longevidad y edadismo digital, porque la accesibilidad no consiste únicamente en cumplir una norma.

Consiste en permitir que las personas puedan actuar, comprar, informarse, comunicarse y utilizar servicios con la máxima autonomía posible.

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