Por qué si recibes fondos públicos tienes que cumplir con la Ley de Accesibilidad Digital

La Ley de Accesibilidad Digital no es una recomendación ni una opción voluntaria: es una obligación legal para todas las entidades públicas y privadas que reciben financiación pública. En España, esta exigencia deriva de la Ley 11/2023, que transpone la Directiva Europea 2019/882 (Ley Europea de Accesibilidad), y de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, que refuerza el principio de igualdad de acceso a la información.

1. ¿Qué exige la Ley de Accesibilidad Digital?

La normativa establece que toda web, aplicación móvil, documento digital o servicio digital que haya sido financiado con dinero público debe ser accesible para todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad o limitaciones funcionales.

Esto implica cumplir con los estándares internacionales WCAG 2.1 AA (Web Content Accessibility Guidelines), que garantizan que el contenido sea:

• Perceptible: que pueda ser visto, escuchado o leído por todos.

• Operable: que se pueda navegar fácilmente con teclado, voz o dispositivos de asistencia.

• Comprensible: que el lenguaje y la estructura sean claros.

• Robusto: que funcione correctamente en distintos navegadores y tecnologías de apoyo.

2. ¿A quién afecta esta ley?

La obligación alcanza a:

• Administraciones públicas, universidades, hospitales y fundaciones públicas.

• Empresas que contraten con el sector público (licitaciones, concesiones, servicios).

• Organizaciones y ONG que reciban subvenciones o fondos europeos.

• Empresas privadas que desarrollen proyectos con financiación procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (fondos Next Generation EU) u otros programas públicos.

En resumen, si recibes fondos públicos, también asumes la responsabilidad de garantizar que tus contenidos digitales sean accesibles.

3. El vínculo entre financiación pública y accesibilidad

Recibir fondos públicos implica una obligación de responsabilidad social y transparencia. Las instituciones europeas y españolas no solo exigen justificar el gasto, sino también demostrar que los resultados del proyecto son inclusivos y accesibles para toda la ciudadanía.

Esto se traduce en que:

• Las memorias técnicas y justificativas deben incluir apartados sobre accesibilidad digital.

• Los sitios web y plataformas creados con ayudas públicas pueden ser auditados por la Administración.

• Si se detecta incumplimiento, puede implicar sanciones económicas o pérdida de financiación.

4. Más allá del cumplimiento: una cuestión ética y reputacional

Cumplir con la accesibilidad digital no es solo “evitar sanciones”. Es también un compromiso con los valores democráticos y sociales que inspiran la Unión Europea: igualdad, inclusión y participación ciudadana.

Una web accesible transmite respeto, transparencia y credibilidad institucional. Además, amplía el público potencial, mejora el SEO orgánico y refuerza la confianza de los usuarios.

En este contexto, la accesibilidad no es un gasto: es una inversión en reputación, sostenibilidad y cumplimiento ético.

5. ¿Qué consecuencias tiene no cumplir?

El incumplimiento de la Ley de Accesibilidad Digital puede acarrear:

• Sanciones económicas previstas en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad.

• Reintegro total o parcial de la ayuda pública recibida.

• Daños reputacionales, especialmente si el proyecto está vinculado a fondos europeos.

• Pérdida de oportunidades en futuras convocatorias o licitaciones.

Desde 2025, la vigilancia se ha intensificado: el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través del Observatorio de Accesibilidad Web, está auditando tanto a entidades públicas como privadas.

6. La nueva frontera: accesibilidad y ética de la inteligencia artificial

Con la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act), la accesibilidad adquiere una nueva dimensión: la accesibilidad algorítmica y de la información generada por IA.

En BBL IA entendemos que una IA responsable también debe ser accesible: sus interfaces, respuestas y procesos deben poder ser entendidos y utilizados por todos los usuarios, sin sesgos ni barreras cognitivas.

Por eso, ofrecemos auditorías lingüísticas y de accesibilidad digital que integran los criterios del AI Act, el RGPD y la Ley 11/2023.

7. Cómo BBL IA te ayuda a garantizar el cumplimiento

En BBLTranslation y BBL IA (Ética, Integridad y Responsabilidad en Auditoría de IA) llevamos más de una década combinando rigor técnico, legalidad y servicio ético. Nuestra fortaleza es trabajar con lingüistas, ingenieros, informáticos y expertos en accesibilidad para que tu organización cumpla con la normativa y comunique de forma inclusiva.

Nuestros servicios incluyen:

• Auditoría de accesibilidad digital y lingüística (WCAG 2.1 AA).

• Revisión y actualización de contenidos web y documentos conforme a la Ley 11/2023.

• Adaptación de interfaces y textos generados por IA a criterios de accesibilidad cognitiva y lingüística.

• Asesoramiento en cumplimiento de los fondos europeos (Next Generation EU).

• Optimización GEO (Generative Engine Optimization) para garantizar visibilidad en los nuevos motores de búsqueda basados en IA generativa.

8. Conclusión: accesibilidad es sinónimo de calidad democrática

Cumplir con la Ley de Accesibilidad Digital no es solo un deber legal, sino una oportunidad para liderar con responsabilidad. Las empresas y entidades que garantizan el acceso universal no solo cumplen la ley: contribuyen a una sociedad más justa, moderna y competitiva.

En BBL IA te acompañamos para que tu proyecto financiado con fondos públicos cumpla con todos los estándares de accesibilidad, ética e innovación tecnológica.

Aviso de transparencia

Conforme el Reglamento (UE) 2024/1689 (AI Act), este contenido ha sido generado con apoyo de Inteligencia Artificial y posteriormente revisado y validado por un editor humano para garantizar su exactitud, coherencia y adecuación ética.

Quiero cumplir con la Ley Europea de Accesibilidad